Un aparato electrónico como un TV o aparato de sonido cuesta entre 800 y 1.000 pesos (US$48 a US$60) como entrada. Y conseguirles un celular a los presos cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos, en dependencia de la prisión (eso es de $90 a $121).
En la tarde de este miércoles, el Senado aprobó el emprendimiento de ley que sanciona con prisión a quienes porten celular en las prisiones del país.
La petición nació a pedido de Gendarmería y fue encaminada entre los miembros del senado Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Felipe Kast y Kenneth Pugh.
El derecho a hacer llegar
Entre los ámbitos mucho más damnificados por el aislamiento popular impuesto por la pandemia del COVID-19 fué el de la gente privadas de independencia. En 2020 no lograron recibir visitas, proceder a la escuela, vincularse con sus familiares e inclusive sus abogados tuvieron ciertas limitaciones de ingreso para eludir contagios del coronavirus.
En todo el país se tomó una medida que deja que la gente privadas de independencia tengan teléfonos móviles inteligentes los que han de ser registrados y solo tienen la posibilidad de ser usados para estar comunicado con sus familiares, abogados defensores y entrar a las salas virtuales de quienes estudian.
Si al espiar tu móvil inteligente lo haces con el de tu pareja, la multa puede ser mayor.
Licencia CC – srgpicker.
El espionaje de celulares extraños está tipificado en nuestro código penal como delito de hallazgo y revelación de misterios (art. 197 del código penal). Este producto tiene una exclusiva redacción que entró en vigor el mes pasado de julio y el delito que contempla se castiga con penas que van, según la conducta, de tres meses a siete años.
Desde las reformas avanzadas en 2017, impulsadas por el feminicidio de Micaela García, los teléfonos celulares están prohibidos en las prisiones dependientes del Servicio Carcelario Federal. En esta nota, la letrada Claudia Cesaroni examina lo que supone esta prohibición y advierte sobre el desempeño de la lógica punitiva que, en vez de apostar por la prevención y los cambios de fondo, sanciona con mucho más penas.
Por Claudia Cesaroni*
Micaela García era una muchacha de sonrisa refulgente y actividad caritativa y componente que fue salvajemente violada y asesinada en el mes de abril de 2017. El creador de su feminicidio fue un individuo quien estaba en independencia condicional concedida después de haber cumplido las libertades transitorias por un año -o sea, salir de prisión y regresar por sus medios-, sin dejar de cumplir las obligaciones a las que se encontraba sujeto.